Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), su vigencia como instrumentos legales favorables a las grandes transnacionales, y la afectación que estos acuerdos tienen tanto para el Ecuador como para los países de Latinoamérica fueron los temas centrales de un conversatorio propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) a los asambleístas.

La conferencista principal del evento, la politóloga uruguaya y experta en temas jurídicos y de negociaciones, Cecilia Olivet, detalló al auditorio la forma en que funcionan los TBI, con cláusulas que obligan a los Estados a someterse a centros de arbitraje internacional, en donde operan jueces identificados con los intereses de las mismas transnacionales.

Olivet recordó que Ecuador ha firmado un total de 26 TBI, con reglas que se aplican en estos tratados, conforme las cuales se “asignan a los gobiernos todos los deberes y obligaciones mientras las empresas está protegida por todos los derechos”.

En su intervención, Olivet reseñó que el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, ha juzgado entre el 60 o el 65% de los casos de arbitraje internacional, incluido el más grande en la historia que ha sido la demanda de OXY al Ecuador por $1.700 millones más intereses. Un laudo contradictorio, dado que una parte del mismo tribunal reconoció que la empresa violó su contrato cuando operó en el país.

La politóloga uruguaya mencionó que cuando los países deciden tomar decisiones soberanas en defensa de sus leyes, de sus habitantes o medio ambiente, y las transnacionales se sienten afectadas, éstas entablan millonarias demandas de arbitraje, con la cooperación de firmas como Freshfields (de Reino Unido), White & Case (EE.UU.) y King & Spalding (EE.UU.) que acaparan la mayoría de los casos. En ese sentido precisó que 15 árbitros han resuelto el 55% de los arbitrajes internacionales.

Por su parte, Andrés Arauz, subsecretario de Inversión Pública de Senplades, expresó que los TBI cobran vigencia en el espacio legislativo, dado el papel fundamental que tiene esta función del Estado en la denuncia de estos instrumentos.

Arauz recordó que Ecuador lidera esfuerzos para conseguir que UNASUR impulse la conformación de un centro de solución de controversias relativas a inversiones hasta el mes de mayo, con miras a construir un espacio transparente que actúe de manera independiente “y en donde un país hegemónico ya no decida, a través del Presidente del CIADI, quienes son los árbitros de última instancia”, mencionó.

El asambleísta Paco Velasco abrió el conversatorio recordando que en el año 2001, el Congreso Nacional, con votos de la Democracia Popular (DP) y el Partido Social Cristiano (PSC), la Comisión de Relaciones Exteriores de ese entonces recomendó la ratificación del ingreso del Ecuador al Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) e instó a sus colegas asambleístas presentes en el auditorio José Mejía Lequerica, en donde se realizó el evento, a mantener una posición en defensa de la soberanía del Ecuador.

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