La subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de Senplades, Diana Arias, presentó el informe en Lima.

Quito (07-08-2018).- Este 7 de agosto de 2018, Ecuador presentó en Lima su primer Informe Voluntario sobre los avances, retos y acciones vigentes en la implementación del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, durante la  “III Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe”.

La subsecretaria de Seguimiento y Evaluación, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), magíster Diana Arias, expuso los avances y retos del país en torno a nueve problemáticas regionales ligadas a la temática población y desarrollo: reducción de pobreza; acceso a salud y educación; cobertura de servicios básicos; equidad de género y salud sexual y reproductiva.

Al iniciar su intervención, Arias destacó que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento máximo de planificación en Ecuador y tiene un enfoque de derechos y de desarrollo sustentable: “El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 ‘Toda una Vida’ se articula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo, para el cumplimiento de la Agenda 2030. Cuenta con tres ejes: Derechos para todos durante toda la vida; Economía al servicio de la sociedad; Más sociedad, más Estado”, dijo.

Con respecto del Informe, la representante ecuatoriana presentó los avances, retos y acciones más importantes implementadas por el Gobierno ecuatoriano.  Así, por ejemplo, en materia de “Integración de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible” destacó que Ecuador ha avanzado en la reducción de la pobreza, medida bajo distintas métricas. “La pobreza por ingresos pasó de  37.6% en el año 2006 a 21.5% en el año 2017. La pobreza por consumo se redujo de 38.3% en 2006 a 25.8% en 2014. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas pasó del 47% en 2008 a 32.1” en 2017. Y, finalmente,  la pobreza multidimensional 51.5% en 2009 a 34.6% en 2017”, dijo.

Añadió que la reducción de la pobreza ha estado acompañada por la reducción de la desigualdad. “La relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población ha pasado de 36.4 veces en 2006 a 22.9 veces en 2017”.

En materia de “derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, la subsecretaria de Senplades destacó como un avance importante la universalización de la tasa de asistencia a educación general básica e incremento de la tasa de asistencia a bachillerato.

Con relación a la problemática de “envejecimiento, protección social y desafíos socio-económicos” mencionó como avance la implementación Ley Orgánica de Seguridad Social, que garantiza prestaciones para los adultos mayores, tales como: pensión por vejez e invalidez, atención de salud, jubilación, entre otros.

También señaló que, en materia de igualdad de género, existe un “cierre de brechas en todos los niveles de educación por sexo: “La tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato en mujeres pasó de 52.4% en 2006 a 73.2% en 2017. Además, se ha reducido la brecha de ingreso laboral por sexo de 28.3% en 2007 a 20% en 2017”, señaló Diana Arias.

También mencionó otros avances: el incremento en los partos atendidos por personal de salud; el acceso a los servicios de salud y educación para personas en condición de movilidad humana; y el incremento en la cobertura de agua por red pública.

Entre los retos más importantes, la funcionaria ecuatoriana dijo que “permanece la necesidad de reducir la incidencia de pobreza en la Amazonia y en la población indígena, montubia y afroecuatoriana”.

En su ponencia, la subsecretaria de Senplades destacó como una buena práctica para la región el manejo del Sistema Nacional de Información (SNI) que incorpora el Módulo de Estadísticas Sociales y un Módulo del Consenso de Montevideo “con 97 indicadores, 61 actualizados y disponibles para consulta y 36 en proceso de gestión”.

Como conclusiones, la funcionaria ecuatoriana destacó que es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil para la implementación del monitoreo y las medidas prioritarias recomendadas por el Consenso de Montevideo y trabajar en problemáticas de reducción de pobreza, acceso a salud, educación, cobertura de servicios, avances normativos en equidad de género, salud sexual y reproductiva, “en donde hemos demostrado avances, pero falta aún trabajo y camino por recorrer”, puntualizó.

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