Este martes, los integrantes de la  Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) expusieron sobre la incidencia de los TBI.

Durante la inauguración del encuentro, Andrés Arauz, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), manifestó que es necesario que los países protejan sus capitales e intereses de acuerdos firmados en épocas neoliberales. En el caso de Ecuador “más de 14.000 millones de dólares de recursos de los ecuatorianos podrían estar comprometidos”. Arauz hizo referencia así a la cantidad de dinero que debería pagar el Ecuador a empresas transnacionales en el caso de que se aceptaran las demandas arbitrales que se ventilan en organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial.

Dentro del seminario se analizaron en detalle cuatro casos de empresas que litigan con el Ecuador. Blanca Gómez de la Torre, directora nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, citó a Chevron y Oxy. En el caso de Texaco, consideró que el reclamo por parte de la petrolera acusada de contaminación ambiental no es procedente. “Chevron inició el litigio de forma no ética porque ubicó ante la Haya lugares que no reflejan la contaminación ambiental. Por ello, el Estado ecuatoriano solicita a la Corte Internacional que visite el Ecuador para que conozca de primera mano cómo está la contaminación”, señaló.

Otro caso analizado en el seminario fue el de las petroleras Burllington y Perenco. Guillermo Moro, experto de la Caitisa, detalló el trasfondo técnico y legal que se encuentra atrás de estos casos en particular, pero que se aplica a todo el sistema de arbitraje y normas comerciales regulados por el TBI. “Se han suscrito una serie de tratados, en su mayoría en los años noventa, con consecuencias jurídicas desconocidas por los Estados, con cláusulas desfavorables para los países en proceso de desarrollo involucrados en esta trama”, dijo.

Para el comisionado de la Caitisa, Javier Echaide, una de las razones para este creciente rechazo al sistema de arbitraje se fundamenta en la injusticia percibida en su actuación. “En la mayoría de demandas que se presentan ante el organismo (Ciadi), las empresas transnacionales tienen el 62% de posibilidades de ganar los juicios”, sentenció. De su parte, los comisionados Hugo Ruiz y Alberto Arroyo, cada uno en su turno, desmintieron ciertos mitos generados junto a los TBI, como aquel que señala que sin estos acuerdos se ahuyenta la inversión extranjera.

Cristian Pino, secretario ejecutivo de la Caitisa destacó los trabajos realizados en Ecuador para proponer espacios de discusión del actual  sistema de arbitraje, como la propia Caitisa y el Observatorio del Sur.

En efecto, José María Guijarro, delegado del Ecuador al Comité Ejecutivo de la Conferencia Ministerial de los Estados afectados por intereses transnacionales, puso énfasis, en señalar que los intentos por juntar esfuerzos y cerrar filas ante los TBI, como la creación del Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales, no implica poner un freno a la inversión extranjera sino conocer qué pasa en esta materia y cómo encontrar alternativas justas para el Estado. “Tenemos la misión de arrojar luz, información y datos donde hay oscuridad, opacidad e intereses ocultos”, señaló.

El arbitraje internacional es un mecanismo que se deriva de la aplicación de  los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados sobre todo en los años noventa. El Ecuador audita mediante el trabajo de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa). El informe final de esta comisión será entregado en diciembre próximo.