Mediante Oficio Nro. PR-SNJRD-2024-0151-OQ, de 19 de febrero de 2024, la Secretaria General Jurídica de la Presidencia de la República comunica y dispone a las instituciones y organismos que conforman la Función Ejecutiva, procedan a una debida y generalizada difusión de la Sentencia 22-13-IN/20, emitida el 09 de junio de 2020 por la Corte Constitucional, que analizó la constitucionalidad por el fondo y por la forma de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica para la defensa de los derechos laborales, cuyo acápite decisorio, cita:

«V. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve: 

1. Declarar que los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica para la defensa de los derechos laborales no tienen los vicios de inconstitucionalidad por la forma alegados por los accionantes. 

2. Declarar que el artículo 2 de la Ley Orgánica para la defensa de los derechos laborales no tiene los vicios de inconstitucionalidad por el fondo alegados por los accionantes.

3. Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 1 de la Ley Orgánica para la defensa de los derechos laborales, siempre y cuando la disposición se interprete de este modo: 

3.1 El artículo 1 de la Ley Orgánica para la defensa de los derechos laborales contempla medidas a ser impuestas en contra del patrimonio de terceros ajenos al proceso coactivo o a la fase de ejecución de un proceso laboral. Dichas medidas son excepcionales, dado que en ellas se hace referencia a situaciones extremas, tales como el público conocimiento de que los bienes del deudor en manos de terceros o el uso de personas jurídicas para defraudar. Por ello, la autoridad administrativa o jurisdiccional competente debe imponerlas con sumo cuidado y prudencia, bajo una adecuada motivación. 

3.2 Dentro de un procedimiento coactivo o en fase de ejecución de un proceso laboral, la imposición de una medida en contra de los bienes de un tercero – sea este persona natural o jurídica – se realizará de forma subsidiaria al deudor principal. Dado que la disposición legal exige como condición el abuso de derecho o fraude en un acto jurídico o contrato, a la imposición de estas medidas y deberá preceder una declaratoria judicial ejecutoriada que determine el cumplimiento de dicha condición, la que se obtendrá por medio de mecanismos jurisdiccionales idóneos que permitan mayor debate y contradicción, en los términos señalados en este fallo. 

3.3 En el caso del abuso de la personalidad jurídica, a la imposición de una medida en contra de los bienes de los socios o accionistas de la sociedad en concreto deberá preceder una sentencia o decisión ejecutoriada emitida dentro de una acción de develamiento societario o dentro de otro proceso jurisdiccional alternativo que permita corregir el abuso de derecho en el uso de la personalidad jurídica, en los términos indicado en este fallo.

3.4 Es imprescindible que tanto los terceros como socios o accionistas en contra de quienes se pretende el dictado de estas medidas hayan sido parte de los procesos de determinación de fraude o abuso de derecho y/o de la acción de levantamiento de velo societario, según corresponda. 

4. La presente decisión tiene los efectos señalados en los numerales 88, 89, 90 y 91 de este dictamen. 

5. Poner en conocimiento del Presidente de la República, Consejo de la Judicatura, Procurador General del Estado y al Presidente de la Función de Transparencia y Control Social la presente resolución a fin de que realice una debida y generalizada difusión en sus organismos integran e instancias dependientes y desconcentradas; para lo cual se les concede seis meses a dichos organismos para que realicen las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto, lapso en el cual también deberán informar a la Corte sobre su cumplimiento. A fin de que otros organismos y entidades del sector público con potestad coactiva tengan conocimiento de la presente decisión, la Corte Constitucional emitirá un anuncio en el portal web institucional por el término de quince días, en el que se incluirá la parte resolutiva de esta decisión. (…)”.

• Oficio Nro. PR-SNJRD-2024-0151-OQ – Cumplimiento de la sentencia Nro. 22-13-IN/20 de 09 de junio de 2020 dictada por la Corte Constitucional del Ecuador.
• Sentencia No. 22-13-IN/20 – Emitida por la Corte Constitucional del Ecuador.