Experiencia ecuatoriana en revisión de sistemas de protección de inversiones se expuso en Nueva York

Experiencia ecuatoriana en revisión de sistemas de protección de inversiones se expuso en Nueva York

Christian Pino, secretario ejecutivo de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), participó como ponente en la décima Conferencia Internacional sobre Inversión, organizada por el Centro de Inversión Sostenible de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad – en inglés).

Este año la conferencia tuvo como tema central el proceso de reforma y revisión de los tratados y las políticas de protección de inversiones. Pino formó parte del panel que abordó los procesos de revisión de los tratados y del sistema internacional de protección de inversiones que se han desarrollado en países como Indonesia, Sudáfrica y Ecuador.

Pino señaló que el proceso en Ecuador tiene su origen en los cambios estructurales aplicados para desmantelar las políticas neoliberales aplicadas hasta antes de 2007, como el desmantelamiento de la capacidad estatal y el establecimiento de un régimen jurídico y económico que facilitaba el flujo de capitales y la protección de inversiones extranjeras sin limitaciones.

Por ello, resaltó que de acuerdo con el nuevo modelo de desarrollo consagrado en la Constitución de 2008, la inversión extranjera directa debe coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo. Por lo tanto, no es un fin, “sino un medio que debe ser promovido y protegido por el Estado como cualquier otra actividad económica, tomando en cuenta sus particularidades”, dijo.

En ese contexto, una revisión del sistema internacional de protección de inversiones debe considerar elementos tales como la revisión de la definición de inversión que asegure su contribución al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país. También debe contemplar el establecimiento de obligaciones para los inversionistas como: la transferencia de tecnología; la aplicación de buenas prácticas laborales, ambientales y tributarias; y la transparencia y control social sobre los procesos de arbitraje internacional.