América Latina es la región con más demandas por parte de empresas transnacionales que suscribieron Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), lo que justifica la creación de un nuevo sistema alternativo que permita una justa solución de controversias entre Estados y empresas, explicó la experta internacional y politóloga Cecilia Olivet.

Olivet llegó a esta conclusión tras dar detalles de su estudio “Cuando la injusticia es negocio” que presenta evidencia de cómo las firmas de abogados y árbitros internacionales alimentan la firma de Tratados Bilaterales de Inversión por encima de la soberanía de los Estados y las legislaciones, con el fin de beneficiar a las transnacionales.

De acuerdo a esta experta uruguaya, a nivel de demandas de arbitrajes por Tratados Bilaterales de Inversión, al frente de la lista está Argentina con 52 casos, Venezuela le sigue con 34 y tercero en la lista está Ecuador, “que ha enfrentado, hasta el momento, más de 30 casos”, precisó.

Al referirse al caso de Ecuador, el país ha debido gastar cerca de $94 millones para defenderse en más de 30 demandas legales, producto de la firma de Tratados Bilaterales de Inversión, con casos emblemáticos como los de Occidental (OXY) y Chevrón- Texaco.

Estos arbitrajes, al igual que los casos de los diferentes países, recordó Olivet, son producto de acuerdos suscritos bajo la doctrina del neoliberalismo, que permite en muchas ocasiones que abogados identificados con las transnacionales puedan actuar como jueces en los laudos contra los Estados.

Entre los casos que involucran a Ecuador, Olivet mencionó el de la empresa OXY, y el laudo en el CIADI que exige al país pagar 1.700 millones de dólares más intereses, pese a que una parte del mismo tribunal reconoció que la petrolera violó su contrato y las leyes ecuatorianas.

La experta internacional desmintió la teoría que establece que los países deben suscribir  Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) para obtener inversión extranjera, “pues Brasil no ha ratificado estos acuerdos y es el país de Latinoamérica que más inversión recibe”, sentenció.

Por su parte, Andrés Arauz, subsecretario de Inversión Pública, recordó que Ecuador, al igual que Bolivia y Venezuela, ya no es miembro del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por lo que ya no pueden tramitarse arbitrajes en contra del Ecuador en ese foro.

Asimismo, indicó Arauz, Ecuador está conformando un frente de defensa de los países afectados por las demandas de las transnacionales, y lidera esfuerzos en UNASUR para la conformación de un centro de solución de controversias, en el marco de una nueva arquitectura financiera regional.

De manera complementaria, Ecuador ha firmado más de una docena de contratos de inversión bajo el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el cual establece incentivos tributarios, además de derechos y obligaciones para las empresas, conocidas como requisitos de desempeño.

“Eso significa que no serán cheques en blanco como eran los Tratados Bilaterales de Inversión sino acuerdos concretos con ventajas mutuas tanto la sociedad ecuatoriana como para los inversionistas”, precisó Arauz.

Cecilia Olivet es experta uruguaya en temas de inversiones, se encuentra de paso por Ecuador para compartir con Senplades los resultados de sus investigaciones en materia de la industria del arbitraje. Su libro “Cuando la injusticia es negocio” fue publicado en Bruselas y Amsterdam en noviembre de 2012 por el Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute.