El Consejo Nacional de Competencias retoma funciones con nuevos representantes

El Consejo Nacional de Competencias retoma funciones con nuevos representantes.

El 22 de septiembre, en Quito, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) retomó su dinámica de trabajo con la incorporación de sus nuevos representantes. La sesión contó con la participación de los representantes de todos los niveles de gobierno: Pabel Muñoz, quien lo preside en representación del Presidente de la República; Lenin Lara, de parte de las municipalidades; Santiago Correa, por  los gobiernos provinciales y, representando a los gobiernos autónomos parroquiales y rurales, Luz Marina Vera.  Además, la secretaria ejecutiva, María Caridad Vázquez.

Luego de una revisión con los nuevos miembros sobre las responsabilidades y objetivos del CNC, en ejercicio de su función de monitorear las competencias transferidas, se analizó específicamente la competencia de transporte entregada a los municipios. Sobre la base de este análisis se resolvieron cuatro puntos esenciales.

En primer lugar, se ratificó el hecho que la competencia de planificación, regulación y control del tránsito y transporte público fue transferida en el 2012 a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, de acuerdo con modelos de gestión diferenciados y cronogramas de implementación. Se reiteró el carácter obligatorio y definitivo de la transferencia de esta competencia. En segundo lugar, se especificó que los recursos suficientes para el ejercicio de la competencia de tránsito, son los que estableció el CNC en la Resolución No. 006-CNC-2012 de fecha 26 de abril del 2012.

En cuanto al tema de las tarifas se recalcó que su fijación es responsabilidad exclusiva de los gobiernos autónomos metropolitanos y municipales, quienes en ejercicio de su autonomía, deben implementar los mecanismos que consideren necesarios para el cumplimiento irrestricto de la Constitución y la ley. Finalmente, se aclaró que la disposición sexta de la Resolución No. 006-CNC-2012 solo es aplicable en tanto la política o la estructura tarifaria definan que haya subsidio, lo cual ahora no sucede.

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