La auditoría que Ecuador realiza a sus Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), para examinar sus implicaciones y perjuicios al país, sigue adelante. Esta mañana, en Quito, se llevó a cabo la cuarta reunión de trabajo de la Comisión Ciudadana (CAITISA) creada para este fin.

Dado el voluminoso acopio de información que se encuentra analizando la CAITISA, desde el último trimestre del año anterior, esta extenderá su trabajo hasta fines del 2014. Entre sus funciones está el examinar los TBI, y otros acuerdos de inversión suscritos por el país, para determinar su compatibilidad con la legislación ecuatoriana. Asimismo, la Comisión identificará inconsistencias e irregularidades que hayan provocado o puedan provocar impactos económicos, sociales y ambientales; así como a los pueblos y nacionalidades.

La CAITISA, compuesta por expertos y representantes de la sociedad civil, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), viene trabajando en tres ejes: los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) del Ecuador, el sistema de arbitraje de inversiones y casos contra el país y la relación entre los TBI, inversión extranjera y modelo de desarrollo.

Ecuador ha firmado 30 TBI, de los cuales 27 entraron en vigor. De ellos, 10 ya han sido denunciados y 17 se encuentran en proceso de denuncia. Como consecuencia, el país ha sido objeto de 25 arbitrajes internacionales y 9 notificaciones de controversia basados en TBI.

En este sentido, Ecuador lidera la revisión de los TBI a nivel regional. Además de la auditoría que realiza la Comisión Ciudadana, también promueve la creación de un centro de solución de controversias de inversiones con una dimensión regional, con el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La CAITISA (Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones) inició sus funciones en octubre de 2013. Se sustenta en el artículo 339 de la Constitución, que establece que la inversión extranjera directa estará sujeta al respeto del marco jurídico y las regulaciones nacionales, y que se orientará según las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional para el Buen Vivir).

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