Ciudadanía y Senplades conforman Consejo Sectorial de Zona 9

Ciudadanía y Senplades conforman Consejo

Los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito Metropolitano de Quito tienen un canal para participar activamente con sus propuestas e ideas en la construcción de la política pública: el Consejo Ciudadano Sectorial (CCS) de la Zona 9 de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Es la primera vez que se estructuró este CCS en la Zona 9 y es presidido desde el jueves por la dirigente estudiantil universitaria Sharon Benítez, quien ve en este espacio la oportunidad para viabilizar las expectativas ciudadanas. “Las personas que hemos acudido aquí somos los líderes de las comunidades, de los barrios, que hemos venido liderando procesos de muchos años y por eso ahora formamos parte del trabajo de Senplades”, acotó.

El Consejo está integrado por 19 delegados escogidos entre los colectivos sociales de la capital. Benítez, señaló que estas designaciones se impulsaron con el fin de la ciudadanía tenga voz propia en el seguimiento del trabajo de las instituciones del Estado en relación al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013–2017 y la política pública. Para reforzar esta perspectiva, el Consejo nombró también a un coordinador por cada uno de los 12 objetivos que tiene el Plan.

En la ceremonia de inicio de las funciones del Consejo, realizada en el auditorio de la Senplades, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Planificación, Ana María Larrea, explicó que los CCS se replicarán en todas las nueve zonas administrativas y de planificación del Ecuador, con el fin de que la política pública se construya desde los territorios.

En el caso de la Zona 9, “hemos articulado todas las acciones con el Municipio de Quito de manera que podamos tener una acción concertada”, reseñó Larrea, al tiempo que reiteró la importancia del apoyo ciudadano para perfeccionar las políticas que impulse el Consejo Nacional de Planificación.

La conformación de los Consejos Ciudadanos Sectoriales cumple con lo que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Busca propiciar una mayor relación entre los ministerios e instituciones públicas con la ciudadanía.